La ONG Bitcoin Argentina, escuela pionera en LATAM, difundió el pasado viernes (2) la solicitud de las modificaciones del proyecto de ley sobre el lavado de activos.
La actualización del código penal fue presentado el mes pasado en la Cámara de Diputados luego de 11 años, en el que incluyen las criptomonedas. En ella, pretenden regular la comercialización de los activos virtuales mediante la Unidad de Información Financiera (UIF).
También, buscan la creación de un registro para los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) con vista a la aprobación del GAFI —Grupo de Acción Financiera Internacional para el 2023.
En ese marco, la organización pretende modificar las secciones que señalan la comercialización de los activos virtuales, debido a que “la medida tendrá un efecto negativo respecto del ejercicio de actividades libres, lícitas e inofensivas realizadas actualmente”.
Buscan modificar el proyecto de ley que incluyen criptomonedas
Continuando, la ONG Bitcoin Argentina considera que “los ajustes actuales en la reforma no contemplan las consecuencias negativas dentro de las particularidades que tiene la economía argentina”.
En ese sentido, presentaron dos modificaciones al proyecto de ley. El primero, solicitan excluir la definición del PSAV a las personas que comercializan mediante transferencia bancaria o no bancaria, consideradas como “minoristas”.
“Excluir del universo de sujetos obligados a informar a la UIF a las personas que realizan la actividad de intercambio de criptoactivos de forma individual o en la modalidad P2P (persona a persona), con liquidación en entidades financieras u otras entidades controladas por la UIF y obligadas a informar”.
A su vez, señalaron que “estas operaciones minoristas, de bajo importe, es impensable que puedan constituir una amenaza seria al lavado de activos y la financiación del terrorismo de acuerdo al estándar del enfoque basado en riesgos que promueve el GAFI”.
El segundo trata acerca de la creación del registro para los proveedores de servicios de activos virtuales establecido por el GAFI. En ella solicitan extrema precaución sobre la generalización de estos registros, puesto que existen diversidades en tales actividades.
“Las empresas que actualmente operan en el país en las distintas actividades que definen a un PSAV tienen muy diverso volumen y complejidad, lo cual hace muy difícil y peligroso establecer criterios generales habilitantes”.
“Recomendamos que este registro no sea utilizado para exigir determinados estándares operativos o patrimoniales habilitantes, sino que se acote exclusivamente a que la UIF pueda supervisar en forma eficaz el cumplimiento de los requisitos mínimos obligatorios de prevención del lavado de activos”.
De esta forma, la institución propone que el registro de PSAV sea llevado
por la UIF, y no por cualquier otro órgano regulatorio.
Apostando por el mercado cripto
Por último, en su misión de velar por el desarrollo del ecosistema cripto en el país, esperan que estas modificaciones sean aprobadas para seguir manteniendo al mercado en su ritmo creciente en el país al igual que en los últimos años.
“Es evidente que en una economía como la de Argentina, es de vital importancia no cerrar la puerta de actividades económicas que hoy existen, y que son lícitas e inofensivas. Ellas constituyen el medio de vida de muchos ciudadanos honestos, a la vez que el acceso a herramientas de inversión o de ahorro para otros ciudadanos”, escribía en el comunicado.
Si bien Argentina aún no posee un marco legal exclusivo para las criptomonedas, ya están trabajando en regulaciones específicas, como la creación de registro para intermediarios con criptomonedas.
